Los Territorios Nacionales de Colombia: Una Historia de Marginación y
Riqueza Natural
Introducción
Los
Territorios Nacionales de Colombia representan un capítulo significativo en la
historia administrativa y política del país, caracterizado por la
centralización, la marginalidad y, paradójicamente, la riqueza natural de
regiones remotas. Estas áreas, que abarcaban entre el 40% y 50% del territorio
nacional y el 78% de las fronteras, fueron durante más de un siglo zonas de
escasa población y desarrollo, administradas directamente por el gobierno
central bajo la figura de intendencias y comisarías. Este ensayo explora la
creación, evolución y legado de los Territorios Nacionales, destacando las
dinámicas de discriminación y abandono, incluyendo el trato peyorativo que
persiste en la actualidad, la gestión inequitativa de los recursos generados
por sus riquezas naturales, como los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, el
contraste entre el impacto de las regalías como motor de desarrollo en
departamentos como Casanare y Meta, frente a la falta de progreso en Arauca y
Putumayo debido a la influencia de la guerrilla, y el rol fundamental de los
Consejos Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES) en la búsqueda
de soluciones para estas regiones.
Orígenes y Contexto Histórico
La
creación de los Territorios Nacionales en Colombia se remonta a 1843, durante
la República de la Nueva Granada, en un esfuerzo por organizar regiones
remotas, selváticas y fronterizas que carecían de la infraestructura y
población necesarias para ser departamentos autónomos. Estas áreas, como Bocas
del Toro, Caquetá y Darién, eran vistas como estratégicas para la soberanía
nacional, pero también como espacios de atraso económico y social en
comparación con los centros urbanos como Bogotá. La administración
centralizada, con prefectos nombrados directamente por el presidente, reflejaba
un modelo de control estatal que limitaba la autonomía de estas regiones.
Con
la Constitución de 1886, los Territorios Nacionales fueron temporalmente
reintegrados a los departamentos, pero bajo el gobierno de Rafael Reyes en
1905, resurgieron como intendencias y comisarías. Este modelo administrativo
perduró hasta 1991, cuando la nueva Constitución Política eliminó esta
categoría, elevando estas regiones a departamentos para promover su integración
y desarrollo. Ejemplos de estos territorios incluyen Amazonas, Arauca, Caquetá,
Guainía, Guaviare, Vaupés y San Andrés y Providencia, entre otros.
Marginalidad y Discriminación
El
término “Territorios Nacionales” llevaba implícita una connotación peyorativa,
como si estas regiones fueran trofeos de una conquista o áreas subordinadas al
centro del país. Esta percepción se reflejaba en su administración: los
intendentes y comisarios, nombrados desde Bogotá, a menudo no representaban los
intereses de las regiones ni pertenecían a ellas. Además, la creación del
Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías (DAINCO) en 1975 y la
Cooperativa de Intendencias y Comisarías (COINCO) centralizaron aún más las
decisiones, desde la contratación hasta las compras, ignorando las necesidades
reales de estas regiones. Por ejemplo, COINCO determinaba desde la capital qué
bienes eran “convenientes” para los territorios, lo que resultaba en una
desconexión entre las políticas y las realidades locales.
La
marginalidad de los Territorios Nacionales también se manifestaba en la
precariedad de los servicios públicos. La ausencia de agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones era común, en contraste
con las regiones centrales que gozaban de mayor atención estatal. Esta
desigualdad se agravaba por la falta de infraestructura, como lo ilustra el
caso de los aviones Douglas C-54 y C-47 operados por SATENA, creados en 1962
para conectar estas regiones. Estas aeronaves, reliquias de la Segunda Guerra
Mundial, eran tan obsoletas que requerían métodos rudimentarios para
encenderse, convirtiendo los viajes en una experiencia arriesgada y traumática.
Persistencia de la Discriminación en la Actualidad
A
pesar de la transformación de 1991, que elevó los antiguos Territorios
Nacionales a departamentos, la discriminación hacia estas regiones persiste de
manera sutil pero significativa. En los listados oficiales de ministerios,
organismos descentralizados como el DANE y otras instituciones del Estado, los
nuevos departamentos no son tratados con equidad. En lugar de seguir un orden
alfabético, como sería lógico, estas regiones son abruptamente relegadas a la
parte inferior de los listados, como si fueran departamentos de tercera
categoría. Este trato peyorativo, que clasifica a estos departamentos como
"los diferentes", refuerza una percepción de inferioridad y perpetúa
la exclusión histórica. Esta práctica, lejos de ser un mero descuido administrativo,
refleja una mentalidad centralista que sigue considerando a estas regiones como
marginales, a pesar de su importancia estratégica y su riqueza natural.
La Riqueza Petrolera y la Inequidad en la Redistribución
La
explotación de los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, descubiertos en 1988
y 1992 respectivamente, y con producción comercial a partir de 1995, marcó un
auge en la industria petrolera colombiana, posicionando al país como un
exportador relevante. Sin embargo, este boom económico también evidenció la
persistente marginalización de las regiones productoras, como Casanare, que
formaba parte de los antiguos Territorios Nacionales. En el año 2000, el
gobierno nacional modificó la ley de regalías, pasando de una tasa fija del 20%
a un esquema variable entre el 5% y el 25%, con el argumento de distribuir los
ingresos de manera más equitativa a nivel nacional. Sin embargo, esta
redistribución no priorizó las zonas históricamente abandonadas por el Estado, como
los nuevos departamentos surgidos de los Territorios Nacionales.
Lejos
de invertir en infraestructura, educación o salud en regiones como Casanare,
Amazonas o Vaupés, los recursos se centralizaron o se destinaron a proyectos
que no abordaban las necesidades de estas áreas. La avaricia, reflejada en la
priorización de intereses económicos y políticos nacionales sobre el bienestar
de las comunidades locales, prevaleció sobre el bien del Estado colombiano.
Esta falta de inversión en las regiones productoras perpetuó su marginalidad, a
pesar de que su riqueza petrolera y natural las posicionaba como pilares
estratégicos para el desarrollo del país.
Los Consejos
Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES)
Los
Consejos Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES) he emergieron
como una herramienta clave para abordar las problemáticas de los antiguos
Territorios Nacionales y fomentar un desarrollo más equitativo en estas
regiones. Creados en el marco del Sistema Nacional de Planeación, los CORPES fueron
instancias de coordinación interinstitucional que reunían a representantes del
gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las comunidades locales, el
sector privado y la academia para diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo
adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Su objetivo principal era
superar las brechas de desigualdad, promover la descentralización y garantizar
que las políticas públicas reflejen las realidades y prioridades de los
territorios, particularmente aquellos que históricamente han sido marginados,
como los antiguos Territorios Nacionales.
Estructura y
Funcionamiento de los CORPES
Los
CORPES operaron como consejos regionales que agrupan a los departamentos en
regiones geográficas y económicas homogéneas, como la Orinoquía, la Amazonía,
el Caribe, el Pacífico y los Santanderes. Cada consejo estaba compuesto por
gobernadores, alcaldes, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), representantes de ministerios y delegados de la sociedad civil. Su rol era
identificar las necesidades regionales, priorizar proyectos de inversión y
coordinar la asignación de recursos, incluyendo los provenientes de regalías,
para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental.
En
el caso de los antiguos Territorios Nacionales, los CORPES buscaron abordar los
desafíos históricos de estas regiones, como la falta de infraestructura, la
precariedad de los servicios públicos, la inseguridad y la desconexión con los
centros económicos del país. Por ejemplo, el CORPES de la Orinoquía, que incluía
departamentos como Arauca, Casanare, Meta y Vichada, ha promovieron proyectos
para mejorar la conectividad vial, fortalecer el sector agropecuario y
ganadero, y garantizar el acceso a servicios de salud y educación. De manera
similar, el CORPES de la Amazonía priorizo iniciativas de conservación
ambiental, turismo sostenible y desarrollo de comunidades indígenas,
reconociendo el valor ecológico de regiones como Amazonas, Caquetá y Putumayo.
Logros de los
CORPES
Los
CORPES lograron avances significativos en algunas áreas. En la Orinoquía, por ejemplo,
facilitaron la construcción de carreteras y puentes que mejoraron la
conectividad entre Casanare y Meta, impulsando el comercio y la integración con
el resto del país. En la Amazonía, apoyaron programas de reforestación y
fortalecimiento de las cadenas productivas sostenibles, como el aprovechamiento
de frutos amazónicos y el ecoturismo. Además, los CORPES promovieron la
participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, lo que
permitió que las políticas sean más inclusivas y respondieran mejor a las
necesidades específicas de los territorios.
Un
caso emblemático es el impacto de las regalías gestionadas a través de los
CORPES en Casanare, donde los recursos petroleros de Cusiana y Cupiagua
financiaron proyectos de infraestructura, como hospitales y escuelas, que han
transformado parcialmente la región. Sin embargo, este éxito contrasta con
departamentos como Arauca y Putumayo, donde la presencia de grupos armados
ilegales no permitió la capacidad de los CORPES para implementar proyectos de
manera efectiva.
La Transformación de 1991 y los Retos Actuales
La
Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión al eliminar la categoría de
Territorios Nacionales y convertir estas regiones en departamentos con
autonomía administrativa. Este cambio buscaba corregir las inequidades
históricas, otorgando a las regiones gobernadores y asambleas elegidos por voto
popular. Sin embargo, la discriminación y el abandono persisten. Muchas de
estas áreas aún enfrentan deficiencias en servicios básicos, infraestructura y
presencia institucional, lo que las hace vulnerables a grupos al margen de la
ley. La práctica de relegar a los nuevos departamentos en los listados
oficiales y la falta de redistribución equitativa de las regalías petroleras
son ejemplos claros de cómo las actitudes centralistas perviven, dificultando
una verdadera integración.
La
institucionalidad del Estado no debe limitarse a las grandes urbes. La ausencia
de una presencia legítima en estas regiones ha permitido que actores armados
ilegales ejerzan control, perpetuando la imagen de Colombia como una “colcha de
retazos” donde la institucionalidad es desigual. La Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial (LOOT) de 2011 y los CORPES han intentado abordar
estas tensiones, pero el desafío de integrar plenamente estas regiones al
proyecto nacional sigue vigente.
Conclusión
Los
Territorios Nacionales de Colombia, hoy departamentos, son un reflejo de las
contradicciones de un país con una riqueza natural inmensa, pero con profundas
desigualdades regionales. Su historia, marcada por la centralización, la
discriminación y el abandono, se prolonga en prácticas actuales que perpetúan
su estatus de “departamentos de tercera categoría” y en la gestión inequitativa
de los recursos generados por su riqueza, como los pozos de Cusiana y Cupiagua.
La transformación de 1991 y la creación de instancias como los CORPES fueron
pasos hacia adelante, pero los retos actuales –desde la falta de servicios
básicos hasta la exclusión en los listados oficiales y la centralización de las
regalías– demandan políticas públicas que reconozcan el potencial de estas
regiones no solo como santuarios ecológicos, sino como actores clave en el
desarrollo nacional. Los CORPES, con un enfoque fortalecido en la
descentralización, la participación comunitaria y la gestión equitativa de
recursos, pueden ser la clave para superar las inequidades históricas y
construir una nación verdaderamente inclusiva.
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Comentarios
Anónimo dijo…
La media Colombia discriminada y rezagada...y somos los responsables de la riqueza de las regalías...de la riqueza hidrica. Del oxígeno...y la sanidad de Colombia sean centrado en los emporio personales...y de paso los propios siguen apoyando ello...cuando serás grande Amazorinoquia...no somos la tierra de los más llamados taparrabos...somos la fuente poderosa de sanidad a la Colombia.
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