Construir paz o
seguir administrando la guerra
Colombia lleva más de medio siglo
hablando de paz, firmando acuerdos, creando programas y anunciando estrategias
que prometen transformar los territorios golpeados por el conflicto. Sin
embargo, en regiones como Catatumbo, Arauca, el Cauca, Nariño o la Amazonía, la
realidad sigue siendo la misma: ausencia del Estado, economías ilegales
dominando la vida local y comunidades atrapadas entre grupos armados.
La pregunta incómoda es
inevitable: ¿Colombia realmente quiere construir paz o simplemente aprendió
a convivir con la guerra?
Durante décadas el país ha
aplicado la misma receta fallida: intervenciones fragmentadas, proyectos que
duran lo que dura un gobierno y promesas que se evaporan cuando cambian las
prioridades políticas en Bogotá. El resultado es evidente: territorios enteros
donde la institucionalidad es débil o inexistente y donde la ley la imponen los
fusiles o el dinero del narcotráfico.
La paz no se construye con
discursos ni con acuerdos firmados en salones diplomáticos. La paz se
construye con Estado, con oportunidades económicas y con presencia
institucional permanente.
Por eso, cualquier propuesta
seria de transformación territorial debe empezar por lo más elemental: recuperar
el control del Estado sobre su propio territorio. Sin justicia, sin fuerza
pública efectiva y sin instituciones funcionando en los municipios rurales,
cualquier política social se convierte en un saludo a la bandera.
En muchas zonas del país la
presencia estatal es casi simbólica. Alcaldías sin recursos, jueces que no
llegan, policías superados por estructuras criminales y comunidades que deben
resolver sus conflictos ante actores armados ilegales. Ese vacío es el que ha
permitido que el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando se conviertan
en la verdadera economía local.
Y aquí aparece otra verdad
incómoda: la guerra en Colombia también es un negocio.
Mientras miles de campesinos
siguen cultivando coca por falta de alternativas reales, redes criminales y
mafias internacionales continúan obteniendo ganancias multimillonarias. Sin
atacar esas economías ilegales de manera estructural, cualquier intento de
pacificación está condenado al fracaso.
Pero la seguridad por sí sola
tampoco basta. Durante años el país intentó resolver el conflicto
exclusivamente con una estrategia militar, y los resultados demostraron sus
límites. La experiencia es clara: cuando el Estado llega solo con soldados,
la paz es temporal; cuando llega con carreteras, crédito, educación y empleo,
la paz se vuelve posible.
Ese es precisamente el punto
donde Colombia ha fallado históricamente. Las regiones más golpeadas por la
violencia son también las más pobres, las más aisladas y las que menos
inversión pública reciben. No es casualidad que allí prosperen los cultivos ilícitos
y las economías ilegales: donde no llega el Estado, llega el crimen
organizado.
Si el país realmente quiere
cerrar el ciclo de violencia rural, necesita una transformación territorial
profunda. Eso significa invertir en infraestructura, conectar las zonas rurales
con la economía nacional, impulsar proyectos productivos legales y garantizar
educación y salud de calidad.
No es un reto menor. Requiere
inversiones gigantescas, coordinación institucional y, sobre todo, voluntad
política sostenida durante al menos una década.
Y ahí está el verdadero problema:
Colombia cambia de prioridades cada cuatro años.
Los planes se anuncian con
entusiasmo, pero mueren cuando llega el siguiente gobierno. Las regiones
vuelven a quedar en el abandono y el ciclo de violencia se repite. Mientras
tanto, las comunidades rurales siguen esperando lo mismo que han esperado durante
generaciones: un Estado que exista más allá del papel.
La construcción de paz no puede
seguir siendo un eslogan electoral ni una bandera ideológica de izquierda o
derecha. Debe convertirse en un proyecto nacional, sostenido en el
tiempo y blindado frente a los vaivenes políticos.
Porque la alternativa es clara: o
Colombia construye paz con presencia estatal, desarrollo económico y justicia
real, o seguirá administrando indefinidamente una guerra que nunca termina.
La historia del país demuestra
que la violencia no desaparece sola.
Se reemplaza.
Y la única forma de reemplazarla
es con instituciones fuertes, oportunidades económicas y un Estado que
llegue primero que los grupos armados.
Todo lo demás —discursos,
acuerdos simbólicos y promesas de campaña— no es paz: es simplemente otra
forma de aplazar el problema.
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